Tegucigalpa, Honduras.- La participación de altos funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de noviembre de 2025 ha reactivado el debate sobre la ética y legalidad de permanecer en cargos públicos mientras se aspira a un cargo de elección popular.
Rixi Moncada, ministra de Defensa y aspirante presidencial; Eduardo Enrique Reina, canciller y candidato designado presidencial; y Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos y también candidata designada presidencial, anunciaron que renunciarán a sus funciones “hasta donde la ley les permite”.
La postura ha generado críticas de sectores que consideran que, si bien es legal, podría afectar la equidad en la contienda electoral.
El uso de recursos estatales, como helicópteros y vehículos de las Fuerzas Armadas, así como canales de televisión, redes sociales y plataformas institucionales, para promover candidaturas plantea dudas sobre la separación entre las funciones públicas y las actividades proselitistas.
Moncada, una figura reconocida en la política nacional, ha ocupado otros cargos como ministra de Finanzas y consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Eduardo Enrique Reina y Angélica Álvarez también enfrentan cuestionamientos similares por su decisión de continuar en sus cargos hasta el plazo permitido.
Algunos sectores consideran que su permanencia representa una ventaja política al conservar exposición institucional y acceso a recursos estatales.
La legislación hondureña establece plazos para que los funcionarios renuncien si desean postularse.
El artículo 240 de la Constitución de la República permite que los ministros se presenten como candidatos en las elecciones generales, siempre que renuncien al menos seis meses antes de los comicios.
El Consejo Nacional Electoral tiene previsto realizar la convocatoria oficial a elecciones generales el 29 de mayo, por lo que esa fecha es el límite para que tanto Moncada, Reina como Álvarez puedan abandonar definitivamente sus cargos.
Rixi Moncada ratificó esta decisión en su más reciente comparecencia, al afirmar que continuará al frente de la Secretaría de Defensa Nacional hasta el límite legal.
“Exactamente en la fecha que me manda la Constitución para recorrer el país, reunirme con todos los sectores y plantear mi programa de gobierno”, expresó la precandidata.
La fecha coincide con la convocatoria a elecciones generales que realizará el CNE a finales de mayo, marcando el inicio del período de campaña.
Por su parte, Eduardo Enrique Reina indicó que su salida también será efectiva a finales de mayo, conforme a la Constitución.
“Seis meses antes del proceso electoral debo finiquitar mis funciones. A mí no me queda más que agradecer el alto honor que me brindó la presidenta en colaborar como canciller y apoyar su política exterior”, manifestó el diplomático.
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Mismo patrón
El analista político Lester Ramírez advirtió que la práctica de postularse a cargos de elección popular sin dejar inmediatamente los puestos públicos ha generado un mal precedente en Honduras que, a su juicio, se perpetuará en los próximos gobiernos.
“Creo que lo vamos a seguir viendo”, dijo Ramírez, al señalar que los funcionarios públicos “prácticamente hacen lo que quieren”, amparados en una débil cultura de legalidad y sin temor a consecuencias.
Ramírez también cuestionó la permanencia en el cargo con salario activo mientras se participa abiertamente en actividades electorales, un hecho que considera como una forma encubierta de beneficiarse del Estado.
“Más bien hay que revisar si una vez que dejan el cargo público siguen recibiendo dinero”, planteó.
Para el analista, esta conducta revela una clara indiferencia ante los llamados ciudadanos a evitar conflictos de interés.
“No les importa, no hay un castigo, no hay una responsabilidad y eso queda así”, lamentó.
Este desinterés institucional mina la confianza pública en los procesos electorales y refuerza la percepción de que el poder se usa para beneficio personal y no colectivo.
