Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de que caduque el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), se ha propuesto que el gobierno firme el acuerdo, pero que la entidad se instale en el país hasta que se aprueben las reformas solicitadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esta propuesta es de parte del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, quien apuntó que una solución sería establecer una clausura condicional.
"Que el acuerdo se firme, pero que la CICIH solo se instalará en el país cuando el Congreso Nacional hubiere materializado las reformas exigidas. Si se firma el convenio, el (Poder) Ejecutivo habrá hecho su parte porque la negociación y firma le compete al Ejecutivo y la ratificación al Legislativo.", indicó García.
La ONU ha sido clara en que para la instalación de la CICIH es imperativo que la legislación hondureña haga una serie de reformas en el Código Penal, el Código Procesal Penal, en la Constitución de la República, la aprobación de Ley de Colaboración Eficaz reformas a la Ley de Lavado de Activos.
Asimismo, la ONU pidió que se sometiera a revisión el decreto 04-2022 que da vida a la polémica Ley de Amnistía Política, con la que se han beneficiado exfuncionarios acusados por actos de corrupción.
Algunos de los beneficiados con esta cuestionada ley han sido el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza; el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri; y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, entre otros.
Sin embargo, desde el gobierno han defendido que la Ley de Amnistía Política al señalar que es una herramienta que ha servido para retribuir a quienes fueron víctimas de persecución política desde el golpe de Estado de 2009 contra el gobierno de Manuel "Mel" Zelaya.
El canciller Eduardo Enrique Reina en octubre de 2024 comentó que respecto a la solicitud de la ONU sobre la revisión a la Ley de Amnistía Política “no es un requisito, pero sí un tema que ha pedido la ONU, que conversemos y hacer una revisión, hemos sido claros en el espíritu de la amnistía. El tema de la amnistía se puede conversar y no hay ningún problema”.
La instalación de la CICIH es una demanda que surgió por parte de la ciudadanía hondureña desde el año 2015 por los escandalosos casos de corrupción, entre ellos, el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Ante la presión ciudadana, llegó en 2016 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). Este organismo reveló más casos de corrupción, tales como el Caso Pandora, caso Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, entre otros.
Pese a su labor, en 2019 el Congreso Nacional por mayoría de votos aprobó la no continuación de la MACCIH en el país.
En 2021, el partido Libertad y Refundación (Libre) encabezado por Xiomara Castro como su candidata presidencial, prometieron que instalarían la CICIH una vez que llegaran al gobierno. No obstante, han pasado tres años de su admnistración y la llegada de este organismo para combatir la corrupción no se ha concretado.
El memorándum de entendimiento, que fue extendido nuevamente el 15 de diciembre de 2024, caducará el próximo 15 de junio.
