Tegucigalpa, Honduras.-Durante este 2025, la libertad de prensa en Honduras se ha visto gravemente vulnerada por una serie de acciones ejecutadas desde distintas instituciones del Estado.
Desde campañas de difamación, detenciones judicializadas hasta ciberataques, el periodismo ha enfrentado un entorno cada vez más hostil y restrictivo.
Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han denunciado que estas acciones constituyen una amenaza directa al ejercicio periodístico y al derecho ciudadano a la información.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado especial preocupación por la intensificación de estos ataques.
La situación incluye intentos de forzar a medios a revelar sus fuentes, querellas por difamación, presiones institucionales, amenazas y restricciones bajo el estado de excepción.
En conjunto, los hechos reflejan una sistemática embestida contra el periodismo crítico y la libertad de expresión en el país.
Querella contra el presidente del Tribunal de Honor del CPH
Este año se consolidó una preocupante práctica: el uso del sistema judicial para intentar acallar voces críticas.
La querella presentada por el ministro de Finanzas, Christian Duarte, contra el periodista Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras, por un reportaje sobre corrupción pública, es ilustrativa.
Aunque el tribunal desestimó la demanda, el acto mismo representó un intento de censura indirecta: desgasta, genera miedo, compromete recursos y busca inhibir la investigación.
Las FF AA hostigan a medios para revelar sus fuentes
Uno de los principios más sagrados del periodismo —la protección de las fuentes— ha sido directamente amenazado.
La entrega de oficios por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a 12 medios de comunicación, exigiendo la identificación de personas que filtraron información sobre las Fuerzas Armadas, representa un grave precedente.
La denuncia fue presentada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosvelt Hernández ante el Ministerio Público para que este procediera de oficio a investigar y presionar a los medios para que revelaran sus fuentes.
Esta acción viola no solo principios constitucionales, sino también tratados internacionales firmados por Honduras que protegen el secreto profesional.
Organismos internacionales y nacionales advirtieron que tal presión institucional destruye la confianza en el periodismo y pone en riesgo la seguridad de las fuentes.
Amenazas de querellas contra EL HERALDO
La publicación de investigaciones periodísticas sobre uso irregular de fondos públicos ha sido respondida con amenazas legales directas.
EL HERALDO fue amenazado por autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911 tras denunciar anomalías en la compra de cámaras e vigilancia.
La amenaza de Miroslava Cerpas, directora del 911, es una muestra del uso del aparato estatal para coaccionar al periodismo.
Tanto la SIP como la CIDH han recordado que el derecho a investigar y publicar sobre temas de interés público es parte del mandato constitucional de la prensa, y su criminalización representa un abuso de poder.
Operativo desproporcionado para detener a un periodista
El 25 de marzo de 2025, el periodista y exdiputado Esdras Amado López fue detenido en su residencia, ubicada en la colonia Tepeyac de Tegucigalpa, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El operativo incluyó un allanamiento con uso considerable de fuerza, calificado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como "desproporcionado e innecesario".
López fue acusado de maltrato familiar habitual y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja Milagro de Jesús González Zelaya.
Durante su traslado a los tribunales, denunció un supuesto plan para asesinarlo en prisión, señalando al asesor presidencial, Manuel Zelaya, como autor intelectual.
El juez le dictó medidas sustitutivas, permitiéndole defenderse en libertad bajo restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y acercarse a la víctima.
Jefe del Estado Mayor amenazó con denunciar a comunicador
Tras las denuncias por las irregularidades en el transporte y resguardo del material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo, las Fuerzas Armadas de Honduras, encargadas constitucionalmente de garantizar la seguridad del proceso, han reaccionado con hostilidad contra la prensa.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, anunció que analiza presentar una denuncia contra el comunicador Carlos Posadas, conocido como “Halcón 01”, por levantar una maleta electoral en medio del caos.
Esta ofensiva se sumó a una serie de ataques verbales y amenazas legales del alto mando militar contra periodistas que fiscalizan su actuación pública.
Lejos de asumir responsabilidades institucionales, Hernández insiste en desacreditar la labor periodística y advertir con acciones penales, consolidando una narrativa de intolerancia frente al escrutinio y opacidad en procesos democráticos.
Cúpula de las FF AA emprenden campaña de ataques y amenazas
En su más reciente embestida contra la libertad de prensa, las Fuerzas Armadas de Honduras dedicaron cinco páginas de su boletín oficial FF AA Digital a atacar públicamente a tres figuras del periodismo nacional.
En la edición número 119, publicada el 26 de mayo, la institución castrense descalificó con nombre, imagen y calificativos denigrantes al periodista Rodrigo Wong Arévalo, al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y al periodista Dagoberto Rodríguez, actual Premio Álvaro Contreras.
La ofensiva responde a críticas dirigidas al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, por su creciente protagonismo político y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.
Lejos de su mandato constitucional de neutralidad y resguardo del orden democrático, la cúpula militar ha convertido sus canales oficiales en plataformas de intimidación y desprestigio hacia quienes investigan o cuestionan su gestión.
La publicación no es un hecho aislado, sino una señal de agravamiento en el patrón de hostigamiento institucional hacia periodistas incómodos para el poder.
La comunidad periodística advierte con preocupación que se está utilizando dinero público para silenciar la crítica, desinformar a la ciudadanía y blindar a la institución castrense del escrutinio público y democrático.
