Ante el fracaso de la licitación de medicinas, la Secretaría de Salud anuncia para la próxima semana el inicio del proceso de compras directas, con la publicación de los pliegos de condiciones.
El proceso va en medio del cuestionamiento de diversos sectores de la sociedad que, revisando lo sucedido en el pasado reciente, temen que estos procesos favorezcan la opacidad, la discrecionalidad en la adjudicación de los productos, la adquisición de medicamentos de baja calidad y con sobreprecios, entre otros posibles actos de corrupción, en detrimento de la salud de millones de personas que tienen en la salud pública la única opción para atender sus males de salud.
Desde la Secretaría de Salud se ha justificado que de los 429 medicamentos ofertados solo 70 fueron adjudicados a cinco de las 40 empresas participantes, y que el resto fueron descalificadas por fallos en las vigencias de las garantías, errores en la documentación legal y el llenado incompleto en la presentación de ofertas, entre otros.
Han asegurado que no habrá desabastecimiento de medicinas en el sector, contrario a lo expuesto por el médico y diputado Carlos Umaña, quien advirtió que “estamos a las puertas de un desabastecimiento provocado para ir a un escenario de compras directas con el fin de desviar fondos”.
Lo que está claro es que la situación es grave, pues al final del cuento es la salud del pueblo la que está en juego.
Y ante la disposición de las autoridades sanitarias de comprar los medicamentos de manera directa solo queda confiar en la idoneidad de los funcionarios que sean encargados de los procesos, en la observancia de la ley por todas las partes participantes, y en la permanente veeduría de la población y la sociedad civil, con el único fin de garantizar que cada lempira destinado a la compra de medicamentos sea correctamente utilizados, y, por sobre todo, se garantice la calidad de los fármacos y su disponibilidad en la red hospitalaria.
