Tegucigalpa, Honduras.-Un juez con jurisdicción nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó este viernes la medida de detención judicial contra el fiscal Bayron Ibrain Valle.
El funcionario es acusado por el Ministerio Público de la presunta comisión de tres delitos: violencia contra la mujer agravada, allanamiento de morada por funcionario público y concusión.
La audiencia inicial fue programada para el martes 10 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con la acusación fiscal, Bayron Valle habría ejercido una conducta de rechazo, ambivalencia emocional, omisión de apoyo y distanciamiento hacia una mujer embarazada con la que mantenía una relación sentimental. Esta actitud, según los peritos, habría afectado el proceso psicológico normal de la gestación.
Asimismo, se señala que el fiscal ingresó ilegalmente a la vivienda de la víctima sin orden judicial, sin denuncia previa ni justificación legal, engañando incluso a elementos policiales para que colaboraran con la diligencia.
Además, el ente acusador indicó que el funcionario exigió a la víctima el pago de 6,000 lempiras por supuestos daños a su vehículo, con la amenaza de que, en caso de no hacerlo, la dejaría recluida en una celda junto a su bebé.
El documento fiscal consigna que el acusado amenazó a su expareja con quitarle la custodia del niño y presentar un requerimiento fiscal infundado en su contra.
Allanamientos
Este caso se suma a otros incidentes recientes que han generado preocupación por el uso desproporcionado del poder por parte de funcionarios públicos, entre ellos los allanamientos denunciados por el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez y el periodista Esdras Amado López.
En el caso de Vásquez, agentes del Ministerio Público ingresaron a su vivienda sin mostrar una orden física de allanamiento, bajo el argumento de una emergencia vinculada a una investigación por lavado de activos.
Dos personas que estaban en el lugar se negaron a abrir hasta que no se les presentó el documento, que nunca fue exhibido.
En tanto, Esdras Amado López denunció que agentes armados de la Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron a su vivienda sin identificación ni explicación oficial.
Según su testimonio, fue alertado por su empleada doméstica y nunca se le informó sobre el motivo del operativo.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó el hecho como un uso desproporcionado de la fuerza.
Mientras que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) aseguró que nunca existió una orden de captura contra López, denunciando la violación a sus derechos.
Ambos casos refuerzan el patrón de allanamientos ejecutados al margen de la legalidad, una práctica que, de acuerdo con organizaciones civiles, amenaza las garantías constitucionales y pone en entredicho la integridad del sistema de justicia.
Diversas voces del sector legal, gremial y de derechos humanos exigen una revisión profunda de los procedimientos aplicados por los operadores de justicia.
